Mientras en algunos sectores de la pesca evalúan en qué juzgado interponer el recurso de amparo para frenar el proceso de adjudicación de los 18 bloques que acaba de anunciar el gobierno nacional para la exploración de hidrocarburos en el marco del Concurso Público Internacional Costa Afuera, en Mar del Plata se cristalizaron algunas decisiones que invitan a pensar en la generación de más trabajo en la capital nacional de los brazos en jarra.
El sector pesquero la tendrá difícil. Más allá que en las últimas horas la justicia Federal hizo lugar al recurso presentado por al Municipalidad de Rio Grande en Tierra del Fuego, el gobierno hasta aquí avanzó a paso firme.
Una gestión necesitada de dólares como el aire para mantenerse conectado al respirador que financia Donald Trump con la flexibilización del Fondo Monetario, acaba de recibir ofertas por más de 700 millones para las áreas de exploración off shore que abarcan más de 200 mil kilómetros cuadrados en las tres cuencas. Más de la mitad corresponde a la Argentina Norte, frente a las costas bonaerenses.
Otros en cambio prefieren la cautela y apuestan a transitar el camino del diálogo que se abrió con Carlos María Casares, subsecretario de Hidrocarburos y Combustibles de la Secretaría de Energía, quien recibirá a las cámaras empresarias el próximo 5 de junio.
Desde el sector pesquero pedirán dos cosas fundamentales: que se completen los estudios de impacto ambiental en las zonas donde ya se comenzó a explorar y que el INIDEP se siente en la mesa donde interactúan con las petroleras para poder determinar si hay afectación de los recursos pesqueros.
Es probable que desde Energía asientan en todo lo que se pide y después en alta mar el proceso de exploración siga su curso como hasta ahora, donde saltearon todos los protocolos internacionales como alambre caído con la complicidad de la propia Subsecretaria de Pesca, que como quedó en evidencia con las Áreas Marinas Protegidas, presta conformidad a metodologías a espaldas de los administrados.
Con el panorama más claro en el corto plazo –la prospección de langostino calma la ansiedad de varios que a esta altura del año pasado ya estaban completando la primera marea- la homologación del acuerdo entre el SOIP y las pymes de Giorno, ahora en manos de Iberconsa, es un paso adelante en esa búsqueda de que el marisco genere actividad en Mar del Plata.
Por ahora son pocos los alcanzados por el acuerdo. Un par de docenas de obreros entre fileteros y peones que aceptaron hacer una prueba y ver cuánto de cierto tienen los pronósticos de la empresa, desde donde creen que pueden descabezar unos 55 kilos por hora y pelar y devenar 10 kilos.
Pero la idea de Iberconsa es sumar 150 obreros más en la planta de Ayolas, donde Valastro fue eliminando apellidos de una nómina de personal que tuvo más de 250 obreros en el 2005 y hoy apenas quedan 85, con algunas que cobran el garantizado sin siquiera ir a trabajar.
Más allá que hay que esperar que llegue el marisco a la mesa de reprocesado, a priori los valores y posibles salarios no parecen un gran estímulo; sobre todo para los fileteros. 10 kilos de pelado son 190 pesos la hora. Lo mismo que ganan las envasadoras que rechazaron el acuerdo. “Los van a explotar”, refieren compañeras de los firmantes.
“No se puede pagar mucho más porque la calidad de la materia prima que se reprocese no será buena”, dicen desde la patronal. Es una incógnita cómo Moscuzza se comprometió a pagarles más del triple a sus fileteros para que trabajen el mismo langostino que llegará desde el sur.
Pero queda claro que el acuerdo apuesta a lograr una regularidad que no entregará la merluza en los próximos meses, cuando la flota fresquera migre de Mar del Plata, más allá que en las últimas semanas la hubbsi no falta en muchos frigoríficos y han conseguido perforar el garantizado.
El tiempo dirá si serán muchos los obreros que resignaran pretensiones en función de un trabajo regular con el que podrían completar un salario de casi 40 mil pesos por mes. El marco legal para dar el siguiente paso ya está escrito y firmado. Falta que se modifique el esquema de reintegros para reconocer esta apuesta a generar mayor valor agregado en tierra, pero es algo…
Lo que también quedó rubricado este martes tras la reunión de Directorio del Consorcio Portuario fue la regularización del servicio logístico vinculado a la carga en contenedores en el muelle 2 del puerto.
La empresa que presentó propuesta para quedarse con los dos predios que suman casi 19 mil metros cuadrados para conformar una Terminal Portuaria es Hipoute SA, una de las razones sociales de TC2, los permisionarios que venían ocupando los predios y pedían ser habilitados desde hace casi tres años.
Se desconoce el monto que abonara Hipoute por el espacio. Desde el Consorcio resguardaron el dato hasta tanto se notifique el oferente que la propuesta fue aceptada. En el Directorio algunos no terminaban de decidirse. Pedían que fuesen sancionados por impulsar el último bloqueo al puerto, en marzo pasado. Pero la orden a Merlini le llegó de arriba.
Aquella movilización/bloqueo que apuró un proceso plagado de chicanas y alta tensión, sentó a la mesa de negociación al ministro Tizado y corrió de escena al Presidente del Consorcio. Aduana también ayudó: sobre todo cuando advirtió los riesgos de suspender la operatoria de carga ante la inhabilitación del predio como zona primaria aduanera.
La habilitación del predio también invita a pensar en más trabajo. Quedará por ver si lo que aprobó el Consorcio es lo que recomendó Aduana. Pero la regularización del servicio, la previsibilidad por 3 años (más Consorcio inmobiliaria no se consigue), permite creer en que se reanuden las promociones e incentivos al movimiento exportador que TC2 había suspendido por las vallas que, sentían, ponía la administración Merlini.
Los números son lapidarios. Las exportaciones desde el puerto de Mar del Plata en el primer cuatrimestre se redujeron en más del 30%. Entre enero y abril pasado la merma alcanzó las 10 mil toneladas. De 36 mil se redujo a 26 mil toneladas.
Foto: Mar y Pesca