La Provincia de Buenos Aires esta decidida a promover acciones que contribuyan a fortalecer el empleo en la actividad pesquera y portuaria de Mar del Plata. El impulso de una cuota social de langostino para la jurisdicción bonaerense implicaría un aumento del esfuerzo que podría terminar alimentando una informalidad que la propia provincia no se dispone a combatir.
Como la idea de impulsar el embarque de marineros marplatenses en los barcos congeladores habitados mayormente por correntinos, el impulso al proyecto de obtener una cuota social de langostino para la Provincia de Buenos Aires responde a una idea homogénea de las autoridades bonaerenses.
En época de disparada de precios, pérdida del poder adquisitivo y una pandemia que dejó caminando por la cuerda flota a varios sectores vinculados al turismo y la recreación, reactivar el empleo o generar nuevas oportunidades de trabajo parece el propósito central del gobierno para intentar una victoria en las próximas elecciones.
El anuncio del fomento al embarque marplatense en la flota congeladora lo anunció el propio presidente del Consorcio Portuario hace unos días, aunque no dio más pistas que esa. “Estamos trabajando”, dijo Felizia.
Cómo harán para persuadir a las empresas armadoras de un par de docenas de barcos congeladores subir marineros locales parece un interrogante complejo de resolver. Sobre todo si no está en juego una promoción en el canon por uso de puerto, una de las herramientas que dispone la autoridad portuaria para generar cierto estímulo.
Lo de las 2500 toneladas de langostino como cuota social se enmarca en el mismo criterio. Mostrar ciertos reflejos para mostrarse preocupados por la suerte de una industria del reproceso en tierra que agoniza hace mucho tiempo en el puerto de Mar del Plata. Y no alcanza con abrir una escuela de reproceso de pescado. Una apuesta a la capacitación pero también un pasaje a la precarización
Pero antes de generar políticas que promuevan el valor agregado y premien a quien sume trabajo registrado, antes de mejorar el esquema de reintegros a las exportaciones de pescado procesado en tierra, o aliviar la carga impositiva para las pymes, para mostrarse como promotores y preocupados por el empleo, lo más fácil parece que es echar mano a un recurso natural como el langostino, que parece infinito, parece, pero no lo es.
En serio, si quieren generar trabajo, tienen toda esa chatarra flotante en el muelle 2. Siguen dando vueltas, reuniones con el ministro Rossi incluido, pero el varadero de la Base Naval sigue vedado para el desguace de barcos pesqueros. Ya van 28 meses del acuerdo entre las partes y todo sigue igual. Y todavía falta la anguilera y luego los varales…. Esa novela no tiene fin. Puntillosos para una tarea absolutamente básica y rudimentaria.
Tan consumada parece la idea de la cuota social de langostino que incluso podría comenzar a regir en esta propia temporada 2020 en que la flota pareciera haber encontrado cierta previsibilidad en las capturas en las nuevas subáreas recientemente habilitadas al norte del 43°S. Todo vale antes de las elecciones. Después, a quién le importa el después…
Seain prefiere no brindar precisiones sobre la iniciativa y en Pesca Nación tampoco son muy locuaces Estimo que el INIDEP habrá dado el visto bueno para lo que será un incremento del esfuerzo pesquero para pescar esas 2500 toneladas. Todo el circo no lo sostienen los políticos ni los armadores ni los frigoríficos. Es el bendito langostino.
Es curioso porque la flota fresquera de Mar del Plata ya pesca langostino en aguas nacionales. El año pasado desembarcaron casi 40 mil toneladas de las 180 mil que se declararon capturar. Pasa que ese langostino no llega a Mar del Plata sino que se reprocesa en frigoríficos de Chubut y Santa Cruz porque los armadores acuerdan venderlo en esa plaza.
Pensando en la sustentabilidad del marisco, no sería mejor, tal vez, que haya algún mecanismo, herramienta, política de estado, ponganlé el nombre que quieran, que provoque la llegada de parte de esas toneladas a reprocesar en Mar del Plata y generar el mismo efecto que se busca con esas 2500 toneladas adicionales.
Porque para que Buenos Aires reciba esa cuota, Chubut y Santa Cruz elevarán la porción en 1500 toneladas de las 3500 que ya gozan desde el 2018, cuando el plan de manejo de la pesquería estalló por el aire tras el ingreso del ilegal tangonero “José Américo” y hubo que compensar a los patagónicos para que lo terminen aprobando.
Negarse a recibir esta cuota social porque en el sur incrementarán la porción de cuota parece una estrategia inconducente. Más allá de la preponderancia que hoy tiene Axel en el tablero de la política nacional, sin el aval de las provincias del sur en el Consejo Federal Pesquero, Buenos Aires no recibe una tonelada.
Eso justamente es lo que preferirían algunos actores de la pesquería que ni quieren escuchar de esta nueva propuesta porque saben que serán más barcos desplegando sus redes tangoneras en aguas nacionales.
En el INIDEP están convencidos que el crecimiento del esfuerzo pesquero evidenciado en los últimos años sobre el recurso es lo que ha generado el cambio en la dinámica de la especie. Desde la reproducción, migración, estado de hembras, todo parece patas para arriba que cuesta cada vez más descifrar.
Por lo que han dicho los funcionarios a interlocutores pesqueros y, sobre todo, por lo que no quieren decir a la prensa, parece que la cuota social es un hecho consumado y se anunciaría antes de las PASO. Queda por ver quién detenta su propiedad. Si queda en poder de los frigoríficos, como planteó Cafrexport, o es para los barcos. Será para los que ya tienen permiso para pescar langostino o para los que no, como ya pasa en Santa Cruz.
Cuando Buenos Aires recibió cuota social de merluza los objetivos eran similares a los de ahora. En ese momento se priorizó atender la pérdida de empleo en el sector y para atender a algunos barcos que no tenían permiso para pescar la especie mientras los congeladores sumaban poder de pesca.
Hoy esa merluza “social” termina alimentando muchas veces circuitos informales donde la precarización laboral es casi la marca distintiva. La discrepancia en los costos laborales con empresas formales les permite pagar unos pesos más el pescado.
Que el objetivo de revitalizar el trabajo no pierda de vista los riesgos latentes que entran en juego en este escenario. Que el langostino social no termine alimentando circuitos productivos ligados a una clandestinidad que ni Nación, mucho menos Provincia, asoman dispuestos a combatir.