Mientras el operativo de habilitación del varadero de la Base Naval como centro de operaciones del plan de desguace de buques abandonados en el muelle 2 sigue coleccionando obstáculos auto infligidos por la Armada y el Consorcio Portuario, la industria pesquera saca cuentas para evaluar el impacto que genera la actualización de los derechos de exportación antes de ir a plantearle las quejas al nuevo subsecretario de Pesca, ayuno de equipo.
La adenda con la que Gabriel Attis y Martin Merlini intentan subsanar la incompatibilidad entre alguno de los artículos del convenio firmado por la Armada con el Ministerio de la Producción y las obras de mejoras que realizó la administración portuaria son otro eslabón a la colección de desaciertos que ha mostrado la gestión de una autoridad portuaria que no ve la hora para que llegue su reemplazante y volver a su agencia marítima. A esta altura hay que decir que el deseo de distintos actores portuarios es recíproco. Algunos cuentan las horas para que se vaya.
En el acuerdo suscripto a fines de marzo el plan contemplaba 4 meses de obras. Pero firmaron que cambiaban los varales del varadero sabiendo que no había presupuesto ni tiempo para llevarlo a la práctica y eligieron darlos vuelta. No es mala idea, al menos para esta primera etapa donde los cascos no son tan pesados y la estructura puede soportarlos. Pero el papel dice otra cosa, al igual que el cabrestante, que es usado, reparado a nuevo, pero en el convenio decía que tenían que poner uno nuevo.
¿Nadie lee lo que firma?. ¿Es a propósito?. ¿A nadie le importa? Cualquiera de las opciones puede ser correcta. Para colmo el contexto político no ayuda a pensar con optimismo en una pronta respuesta desde la Armada y el propio Ministerio de la Producción. Attis y Merlini están con un pie de salida y allegados a Augusto Costa ya recibieron otras propuestas para el desguace.
Que la tarea la haga una empresa local, emplee obreros locales y lo recaudado vaya a las arcas del propio Estado. Merlini ha dicho que el Consorcio y Lusejo no tienen ningún acuerdo firmado por el cual la empresa del conurbano se hizo cargo de la limpieza, descontaminación y desguace para quedarse con la chatarra naval y venderla al mejor postor.
Hace dos años que Walter Carmona, uno de los socios de Lusejo, viaja dos veces por semana por la Autovía desde CABA para agilizar trámites, obtener permisos y recopilar papeles. Los armadores le han cedido los derechos para que se encargue de la tarea de remoción. No parece sencillo un golpe de timón.
En el Directorio del Consorcio algunos de sus miembros intentan lo mismo. Apuestan por la continuidad de la des gestión y la punta de lanza es Miguel Sánchez, dirigente de la ABIN, por esa cámara llegó a sentarse en la sala de reuniones, y empleado de Horacio Tettamanti en SPI Astilleros.
La candidatura de Sánchez, que dan como número puesto en el propio Consorcio, no es impulsada por el empresario naval y ex Subsecretario de Puertos y Vias Navegables en el anterior gobierno de Cristina. Podría ser hasta lógico aunque el dirigente jugó con Pulti en las últimas elecciones que permitieron la derrota de Raverta, la heredera de las cajas provinciales en suelo marplatense que dejó Manino Iriart.
A Sánchez lo impulsan sus compañeros de Directorio y miembros de la CGT. Hernán Chale (Aduana), Pablo Trueba (SIMAPE) y Carlos Mezzamico (SUPA). Y Merlini agradecería al cielo el ascenso de quien avaló todas sus medidas y por lo tanto no auditaría sus casi 4 años al frente del puerto.
Ayer hizo su última apuesta. Organizó el Seminario de Integración Regional que se realizó en la UTN. Invitó a disertar al jefe de la CGT, Miguel Gublielmoti y a Juan Speroni, el secretario general de los obreros navales que trabajan en el astillero.
“Sánchez no será”, avisaron desde el ravertismo, si es que existe el neologismo, para abortar la rosca que teje Miguel y sus amigos circunstanciales del movimiento obrero. Ojalá que tampoco desembarquen en Pesca provincia algunos de los soldados de Juan Domingo Novero, ya jubilado en Rumencó pero con ansias de recuperar una mínima cuota de poder y una gran caja.
Tampoco Carlos Sepúlveda, de la cooperativa de estibaje Producciones, que tuvo un papel secundario en la campaña de Axel en la ciudad. El problema es que el Gobernador tiene tan escaso equipo propio que terminan entregando áreas sensibles a la actividad al primero que junta voluntarios para pintar 5 paredes y pegar una docena de afiches.
“Tengo 2490 empleados y vendo el filet de merluza a 2790 dólares. Con esta suba de retenciones en tres meses cierro la puerta y le vendo a los chinos”, exageró, el sábado, Antonio Solimeno, con cara de pocos amigo, ante un Augusto Costa que lo miraba entre desafiante e incrédulo en la cabecera de la mesa de la sala de Directorio del Consorcio atiborrada de actores pesqueros y portuarios invitados informalmente por Daniel Sosa, otro que ansía volver, y el propio Chale.
Esa mañana la pesca se había desayunado con el nuevo decreto que actualizaba el valor de las retenciones y las ataba a la evolución del dolar con el 9/ que no distingue ni especie ni tipo de producto. Poca imaginación para un equipo que se prepara hace meses para asumir el desafío de correr al país del camino al precipicio.
Si la idea era trabajar para poner a la Argentina de pie, cual eslogan de campaña presidencial del Albertismo, arrancar subiendo las retenciones no parece ser la mejor señal. Si les preocupa en serio el futuro de Mar del Plata la pesca puede generar opciones de empleo. Claro que antes deberían promocionarlo. Arrancaron haciendo todo lo contrario. Veremos cómo siguen.
Parecen muchos empleados en blanco los de Tony. El precio de venta es un lujo que pueden darse los industriales que exportan filet congelado a bordo. Con ese precio, menos los casi 250 dólares de los derechos de exportación, los frigoríficos de tierra no tienen ni para salvar los costos. Si llegan los chinos, esos caerán primero.
