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Bosch

La batalla naval

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El proyecto de Decreto de Necesidad y Urgencia para renovar la flota pesquera nacional a partir del fondo de financiamiento de 500 millones de pesos dispuesto por el gobierno, abrió una grieta entre armadores e industriales navales que después de la reunión del lunes ante el propio ministro Dante Sica, parece imposible de reparar. El intento lo harán este jueves cuando se vuelvan a reunir.

El objetivo del cónclave fue acercar posiciones luego que las cámaras armadoras redactaron un proyecto propio, que más que alternativo, se pareció a un torpedo teledirigido para dinamitar el original.

La posibilidad de importar buques nuevos y usados a arancel 0 fue la ojiva nuclear que desde el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA) y letra de Oscar Fortunato, le adosara al borrador firmado por el resto de las principales cámaras armadoras.

Esa solicitud es inaceptable para los industriales navales que buscan reactivar un sector ninguneado desde el propio Estado, que manda a construir buques de investigación en gradas de Vigo, importa patrullas desde Israel y no termina de depurar la plantilla de personal de Rio Santiago.

Una industria que pretende pasar la pantalla de barcos costeros de no más de 20 metros que renuevan los empresarios costeros de Rawson y cree estar en condiciones de posibilitar la renovación de una flota de altura que roza los 40 años de promedio.
Aunque entre las diferencias que asoman como irreconciliables, industriales navales y armadores pesqueros comparten una idea: lo mal que manejó Juan Bosch la iniciativa. El Subsecretario de Pesca presentó el borrador del decreto en la reunión de la mesa de competitividad pesquera y de la industria naval que encabezó el Presidente el mes pasado.

Muchos de los sentados a la mesa se enteraron de la iniciativa en ese momento. Bastaron un cruce de miradas y que algunos levanten la voz advirtiendo la situación para que Macri lo devolviera debajo de la superficie. “Veo que hay que seguir charlando”, les dijo el Presidente para aflojar tensiones. A los pocos días esos mismos que se despertaron con la iniciativa se reunieron en Mar del Plata para hundirla.

“Hubo mala praxis”, sostienen desde los astilleros para calificar el desempeño del Subsecretario de Pesca en la evolución de la iniciativa cuyo futuro es incierto. “Es la manera Bosch de hacer las cosas”, retrucan desde la cubierta de los pesqueros que acudieron a la reunión con SICA sin saber exactamente a qué iban.

Más allá de los beneficios que el borrador del DNU plantea para el armador que ordena construir un barco en gradas nacionales, en las cámaras armadoras advierten un cuello de botella imposible de disimular.

“Hay un solo Contessi y todos querrán construir y reparar ahí. Tampoco hay un financiamiento para un plan faraónico. Si hubiera más de un Contessi y fondos genuinos, firmamos con los ojos cerrados”, reconoció un armador cuyo barco ya tiene más de 30 años. “En el corto y mediano plazo no tenes esas garantías y tenés el reloj de arena en marcha para tirar tu barco”, amplió.

Habría que preguntarse por qué hay un solo Contessi, advierten detrás de las chapas navales. Aseguran que es parte de la falencia estratégica nacional que ha convivido de espaldas a esta industria. Desde los ´90 cuando se permitió el ingreso indiscriminado de buques usados al caladero, hasta el quite de financiamiento a la ley aprobada el año pasado, la falta de estímulos e incentivos ha sido una constante. Mal manejado y presentado como Bosch suele hacer las cosas, este intento parece condenado a transitar el mismo camino de la inviabilidad.

Si el DNU prospera, el proyecto plantea un plazo de 20 años como fecha límite para renovar el buque. Parece razonable: el Ponte de Rande que Solimeno acaba de poner en valor con 8 millones de dólares es del año 1976. En el plan del gobierno “Tony” podría reemplazarlo cuando tenga más de 60 años. Igual los armadores se quejan: “para la renovación de toda la flota, en estas condiciones, es ayer”, aseguran.

Los industriales navales mantienen la esperanza que el gobierno decida aferrarse al salvavidas de la renovación de flota para exhibir su lado desarrollista, hasta ahora sepultado por la bicicleta financiera.

Los guiones de Bosch y un decreto todavía en las sombras

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Pedro Gordillo llegó presuroso al Hotel Rayentray. En los salones con vistas a la laguna azul que dibuja el Golfo Nuevo, los actores pesqueros y de la industria naval mantenían reuniones informales para aunar criterios en la previa del encuentro con el presidente Mauricio Macri.

“Acá Juan les manda esto…dice que traten de respetar el orden”, pidió el CEO de Ardapez. Los papeles traducían el deseo del Subsecretario. Bosch había planificado los ejes temáticos y el encargado de ponerlo en palabras. Delante del Presidente no quería que nada se saliera de control y evitaba para los puntos ríspidos una voz disonante.

El plan arrancó con el pie izquierdo luego que el Secretario de Industria anunciara el programa de financiamiento de 500 millones de pesos para apalancar el recambio de la flota pesquera, a razón de 60 millones por solicitantes (1,5 millones de dólares) con una tasa subsidiada en los primeros dos años.

Antes de buscar las sensaciones de un auditorio colmado, Bosch mostró el borrador del DNU que le daba sentido al plan de asistencia financiera anunciado por Grasso. El decreto promueve la renovación de los buques pesqueros. Para ese entonces el archivo se compartía por whatsapp a una velocidad mayor a la que ingresó el José Américo a aguas nacionales. Bueno, no tanto.

Bosch tenía para elegir entre un abanico de dirigentes del sector naval que habían llegado hasta Madryn para defender la iniciativa. El presidente de la FINA, Enrique Godoy, o Domingo Contessi, director del astillero que el mismísimo Macri había visitado el año pasado; incluso Miguel Sánchez, de ABIN.

Cualquiera habría valorado la iniciativa como una señal para comenzar a cambiar una flota que en los últimos 18 años se llevó la vida de más de 80 trabajadores, que tiene una antigüedad promedio de más de 35 años y que la mitad tiene más de 40.

Pero en el guion de Bosch había otro nombre que sorprendió a más de uno:  Antonio Solimeno. “Tony” no parece un buen ejemplo para defender un proceso de recambio de flota. No hay dudas que es uno de los principales empresarios pesqueros del país, pero los últimos buques que construyó datan de más de 30 años. El San Antonino III y unos años antes, el Letare.

Antes que nuevo, Tony prefiere comprar usado y ajustarlo en muelle o dique seco a sus gustos y necesidades. Compró los barcos de Griffin y ahora acaba de renovar a nuevo el factoría “Ponte de Rante” donde invirtió 8 millones de dólares. Los beneficios de pescar merluza y declarar Nototenia asoman muy jugosos.

Mientras aguardamos la sanción de la autoridad de aplicación por aquel desliz millonario que quedó al descubierto hace exactamente un año, hay que decir que Solimeno no decepcionó.

Micrófono en mano, Solimeno se mostró escéptico al proceso de renovación y pidió más precisiones sobre el borrador del Decreto que establece incentivos en el régimen e asignación de cuota y ampliación del esfuerzo pesquero para aquellos que decidan construir sus buques en gradas nacionales. Justamente lo que parece molestarle a los socios de CEPA, que construyen sus barcos nuevos en gradas españolas.

Desde otros ángulos de la mesa reclamaron también mayores detalles del DNU por lo que el Presidente decidió que mantenga el carácter de borrador y que se siga discutiendo en reuniones sectoriales, al menos por los próximos dos meses.

“Pototo” dibujó una mueca de satisfacción que no pudo mantener cuando el ministro Bergman defendió la incorporación de las nuevas áreas marinas protegidas. Igual Macri anticipó un freno al Programa, que llevó alivio al sector: la próxima área a anexar es una zona frente a Península de Valdez.

Bosch retomó el hilo del guion sin grandes sobresaltos. Ledesma reiteró la crítica situación que atraviesan los obreros del pescado en Mar del Plata pero su planteo no despertó la menor empatía oficial. Lo de Trueba rozó el ridículo queriendo que Macri le firme un recibido por la nota que dejó de los familiares del Rigel.

No hubo espacio para discutir políticas pesqueras porque no figuraba en la hoja de ruta de la reunión. El Subsecretario sabe las gritas que asoman en la industria y no quiso hacerlas visibles delante de Macri.

Tampoco hubo señales para una mejora en la competitividad de los productos elaborados en tierra, ni incentivos para sumarle valor a la cola de langostino que se exporta en bloque.

La propuesta fue planteada por Federico Angelleri, quien expuso la necesidad de un reintegro para el pelado y desvenado en tierra para compensar el alto costo que tiene en comparación con el producto final que llega de terceros países a donde llega la cola en bloque. El año pasado Argentina solo exportó unas 3 mil toneladas de producto con valor agregado.

Macri recogió el guante y reconoció que sin las reformas laborales que concluyan en convenios colectivos que alienten la productividad, sin chances de mejorar reintegros por la delicada situación fiscal, no hay muchas herramientas para quitarle incentivos a la exportación de cola en bloque.

La reunión fue languideciendo sin grandes sobresaltos. Solo Jorge Frías se salió de libreto. El mandamás de Capitanes interceptó el micrófono que tenía como destino al interventor del INIDEP para referirse a su propio libro.  Fue el papelón final de un encuentro sin espacio para resolver los problemas de fondo que afectan al sector.

Bosch, el caprichoso

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El próximo 24 de octubre vence el último plazo para que los armadores pesqueros terminen de incorporar de manera obligatoria los trajes de supervivencia para cada tripulante. La resolución de Prefectura salió a correr de atrás la ola dolorosa que generó el naufragio del Rigel, ya no se sabe si en la noche del viernes 8 como señala la pericia sobre la radio baliza que realizó al Armada, o en la madrugada del 9, tal como informó al propia Prefectura que ahora debe controlar la disponibilidad de trajes a bordo.

“Trajes de inmersión, uso y mantenimiento” se llama el taller que promueve para este jueves en la Escuela Nacional de Pesca la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera con financiamiento de la Subsecretaría de Pesca.

En el encuentro, especialistas de la propia Prefectura y la Escuela brindarán “Técnicas de Supervivencia”. Capacitar a los tripulantes para que puedan ponerse el traje en medio de un temporal, con olas de 10 metros dentro del rancho, es una misión casi tan difícil como conseguir todas las plazas necesarias desde el exterior. La industria nacional no disponía de trajes suficientes para cumplir con la exigencia de Prefectura.

Juan Manuel Bosch en persona participará de la apertura del seminario. El funcionario llega en un momento especial a Mar del Plata donde en las últimas semanas ha dejado una larga fila de heridos y lastimados.

Por un lado aparecen los inspectores del Distrito Pesca junto con algunos administrativos, a los que no se les renovó el contrato el mes pasado. Ahora hay nuevo Jefe, un tal Canales, con pocos antecedentes en materia de control pesquero que responde a Mauricio Remes Lenicov, el director de Control y Fiscalización, ascendido por esta administración cuando deberían haberlo denunciado por sostener una caja millonaria en Mar del Plata  que se alimentó con la subdeclaración de merluza hubbsi para estirar las CITC, las cuotas de captura.

En el muelle los rumores corren a velocidad luz, y no la que falta en el espejo interior para que puedan operar de noche los portacontenedores. Esos corrillos señalan que el Jefe desembarcó con una sola orden: liberar a los barcos de Moscuzza del engorroso proceso de control y fiscalización por parte de los inspectores que quedaron a salvo de la guadaña del recorte.

El próspero presente del “José Américo”, abona con tierra fértil la teoría “laissez faire, laissez passer”; Dejar hacer, dejar pasar: el resumen de la doctrina fisiocrática francesa en el siglo XVIII, aplicada a la flota de Pototo.

Bosch negó ayer que en la agenda de trabajo a desarrollar en Mar del Plata figurasen los factores de conversión para la flota congeladora. Los “coeficientes”, como se resume en el sector, es un tema sensible.

Es la relación entre los kilos de pescado entero que ingresa para ser procesado a bordo por máquinas automáticas, y el producto final. Cada uno de los buques factoría tiene su coeficiente y el “factor” ha tenido distintos métodos para ser alcanzado, siendo el conformado por el INIDEP el que mejor reflejaba la situación.

Desde la década pasada los maneja la propia Subsecretaría de Pesca y los coeficientes han sido más bondadosos para los empresarios.  Y el año que viene hay elecciones.

Los 13 tripulantes del fresquero “María Gloria” de la empresa Cayo Largo forman otro grupo deseoso de encontrarse mañana con Bosch para pedirle algunas explicaciones. El barco fue parado por 30 días el mes pasado y se le aplicó una multa de 120 mil pesos por, supuestamente, negarse a pesar una carga de 1200 cajones de langostino en octubre del 2017.

Lo curioso de la historia es que Remes, por instrucciones de Bosch, sancionó al fresquero marplatense por cometer una falta tipificada en el artículo 1° de la resolución 408/2003. Dicha norma establece que todos los buques deberán desembarcar sus capturas en forma clasificada de modo tal que las cajas, cajones o equivalentes no contengan más de una especie o producto en forma simultánea. Nada dice de no registrar el peso o negarse a hacerlo, como dicen en Pesca.

Eduardo “Carpincho” García, el armador del “María Gloria” expuso la arbitrariedad esta semana en Revista Puerto. “Descargué una sola especie, langostino. Ellos tienen que tener balanza para pesar y no la tenían. No cometí ninguna infracción”, dijo el empresario, quien se negó a allanarse para pagar la multa y que la suspensión del despacho a pesca se reduzca solo a 15 días.

El barco es una unidad de producción que no factura cuando esta parada. El circuito perverso diagramado por Bosch y Remes tiene un claro objetivo: castigar a quien intenta rebelarse a la extorsión de fiscalizaciones extemporáneas.

García no será menos millonario por perder 30 días de pesca en uno de los tres barcos que tiene. Los platos rotos lo pagan los 13 tripulantes del “María Gloria” que se quedaron sin chances de seguir trabajando por una medida que asoma caprichosa.

 

Foto: Pescare

Oscar Fortunato, el gran titiritero de la pesca nacional

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Desde la llegada de Oscar Fortunato al Consejo Federal Pesquero como representante del Poder Ejecutivo, es decir de todos nosotros en teoría, aunque en la práctica, solo de los empresarios José Moscuzza, Antonio Solimeno y Alberto Valastro, la política sectorial se concentró en los intereses de sus patrones.

Cómo es que este ex funcionario del gobierno de Felipe Sola en la Subsecretaría de Actividades Pesqueras de la Provincia de Buenos Aires, acumula tanto poder desde el sillón del CFP, un cargo ad honorem, es la pregunta que desvela a muchos por estas horas cuando aprecian el avance impetuoso de “Cachito” en el tablero de la pesca nacional.

Los socios del Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA) fueron aportantes voluntarios a la campaña presidencial del 2015 con un solo objetivo. Adueñarse de las riendas de la pesca. Revestirlo de poder a Fortunato debe ser de las pocas promesas que pudo cumplir Macri.

En tiempos de Tomás Gerpe y Ricardo Negri las autoridades que venían a revisar todo lo que se había hecho mal en los últimos años y terminar con la joda de la subdeclaración de merluza, permitieron que se viole la Ley Federal de Pesca, una y otra vez, sin que nadie se alarme. En ese vale todo, cada uno esperaba, espera, su oportunidad para gozar del beneficio.

En el paraíso de la ilegalidad los administrados pudieron transferir cupos de merluza de fresqueros a congeladores, reconvertir mediante el cambio de operatoria, barcos fresqueros en congeladores para habilitarlos al langostino, justificar hasta casi la eternidad la inactividad de chatarras flotantes sin perder el permiso de pesca y no ponerle límite a otros barcos que entraron al langostino. El último fue el “Acrux”, que reemplaza al Judith I, y arrastra su permiso “irrestricto” para el marisco.

El ascenso de Bosch a la Subsecretaría permitió que las influencias de Fortunato florezcan como el plan de manejo para el langostino que permitió el blanqueo del “José Américo”, el tangonero fuera de toda norma que Moscuzza trajo de Vigo y en tiempo récord logró su habilitación para zambullirse en aguas nacionales.

Antes del permiso del “José Américo” Bosch tenía los expedientes de casi una docena de pedidos de reformulaciones para abrir las puertas del paraíso que regala el Oro rojo. Cada uno fue perfectamente cajoneado hasta que los fórceps de la Disposición 7 parieran al “José Américo” de modo de acallar cuestionamientos que el resto de las cámaras hacen cuando se apagan los grabadores.

La sugerencia de Bosch al ministro Etchevehere para que Fernando Georgiadis sea el hombre elegido para reemplazar a Otto Wöholer en la Dirección del INIDEP va en sintonía con el valor estratégico que la actual gestión le otorga a la sustentabiidad de los recursos pesqueros. Ninguno.

La candidatura de este abogado con un pasado nefasto en dos  versiones, ´90 y siglo XXI por el INIDEP, responde a un pedido de Oscar Fortunato, el hombre que maneja los hilos en la Subsecretaría como un eximio titiritero. Bosch no hace más que transmitir el mensaje al Ministro. La alarma ya está encendida en la Escollera Norte y abrió una grieta entre los gremios que apoyan el cambio y el personal administrativo y técnico, que vislumbran la llegada de una noche oscura para el organismo.

El empleado de Moscuzza, en funciones dentro del CFP, siempre ha sido crítico del INIDEP. Cree que no debe haber tanta investigación ni criterios precautorios. Nada de capturas máximas permisibles. Los recursos pesqueros están para ser explotarlos y sacarle el mejor provecho posible. Y cuando se terminan, la flota determina una nueva especie objetivo mientras la anterior se recupera.  De tanto escucharlos Fortunato se ha mimetizado: encarna la voracidad de los pescadores.

En los últimos años el Instituto le ha dado varios motivos a Fortunato para pensar en su vaciamiento definitivo. Asignación de recursos para barcos de investigación que nunca terminaron de arreglarse, demandas sindicales que perduraron durante más de 36 meses, sabotajes, robos de combustible y víveres de los mismos buques son apenas anécdotas en relación a la información científica que se dejó de recabar, series históricas de datos que se interrumpieron, recursos que dejaron de evaluarse al no poderse cumplir con el plan de campañas.

Lo poco que queda en pie en un INIDEP que amplió sus instalaciones edilicias pero no puede mantener operativos 3 de sus 4 barcos de investigación, y el nuevo lo debe manejar personal de Prefectura por temor a represalias del SIMAPE, se sostiene  en el personal científico y técnico que no puede desarrollarse sin barcos activos.

Eso viene a pulverizar Georgiadis con mandato del exterminador Fortunato. Es lo que pasa en el Centro Regional Buenos Aires Sur de SENASA del puerto. El achique de personal y el traslado del Laboratorio para análisis de productos pesqueros a Chivilcoy va en esa sintonía.

Es el peor regreso a los años ´90 donde el menemismo autorizó triangulaciones de permisos de pesca que permitieron que lanchas amarillas se transformaran en barcos congeladores. Los mismos apellidos ilustres que hoy emplean a Fortunato entre los más favorecidos por la maniobra.

Georgiadis como interventor del INIDEP emitió estudios de factibilidad que permitieron el sobredimensionamiento  del esfuerzo pesquero  sobre la merluza hubbsi. La flota por esos años llegó a pescar más de un millón de toneladas que pusieron a la hubbsi en riesgo de colapso. Como le gusta a Fortunato, el gran titiritero.

 

 

Macri, las mafias en la pesca y el barco de “Pototo”

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La visita del presidente Mauricio Macri a Mar del Plata para animar el cuarto encuentro de la Mesa de Competitividad Pesquera dejó muchas caras largas entre los empresarios y pocas certezas para una industria que reclama mayores respuestas y no le alcanza un dólar a 28 pesos y la permanencia de los reintegros como único pilar para mejorar la competitividad.

En los hechos, parece que es insuficiente que el Presidente lleve un punteo prolijo con la agenda de demandas a resolver por el sector como la baja en los costos de la ART y la ansiada reforma laboral para rediscutir convenios.

Lo reconoció el propio presidente de CaIPA. “Parece que abajo del Presidente no entienden las cosas” dijo Fernando Rivera en declaraciones a Radio Mitre Mar del Plata.

En los discursos la historia es distinta y regalo singularidades para todos los gustos. El vocero fue el ministro de Agroindustria Luis Miguel Etchevere. Mala idea designar a quien confesó durante la reunión no saber nada de lo que se estaba hablando durante el encuentro.

“¿Alguien sabe?”, bromeó un industrial que todavía espera que haya señales para reactivar la flota que lleva años sin salir a pescar merluza. El objeto preciado que falta en las mesas de corte y eleva la tensión social en Mar del Plata.

El Ministro salió con un par de anuncios armados a las apuradas. Más para saciar la espera de una veintena de periodistas que tuvieron que ingresar antes de las 11 de la mañana y llevaban 4 horas encerrados en un salón, lejos de la mesa de discusión, que novedades concretas.

Y lo que podía fallar, falló. Etchevere refirió que el Presidente le sacaba el control de las habilitaciones a Prefectura, cosa que no es cierto. La Comisión que se creó a instancias del Ministerio de Transporte tiene que ver con investigar los naufragios para intentar revelar las causas y corregirlas.

Para asegurar el título en los medios, el Ministro le dijo a la prensa que Macri había pedido que se terminen con las mafias en la industria pesquera. Etchevere especificó que cuando dijo “mafias” se refería a las malas prácticas al momento de la realización de inspecciones y fiscalizaciones de seguridad en los barcos pesqueros.

Pero en la reunión, el término “mafia” se pronunció casi sobre el final, cuando el propio Rivera hizo mención a los 400 millones de pesos en demandas por juicios laborales por accidentes de trabajo que tienen las empresas locales. “Hay que terminar con esas mafias”, pidió Macri, según contaron asistentes al encuentro.

A esta altura, esa dicotomía entre discurso y realidad también es un bien propio del gobierno. Macri habla de mafias para los medios como si encabezara un plan estatal para exterminarlas. Pero en los hechos comparte la mesa con José “Pototo” Moscuzza, el armador marplatense artífice del hecho más corrupto bajo la administración Cambiemos en el área pesca.

El tangonero “José Américo”, botado en Vigo mientras ahora se fomenta la industria naval argentina con líneas del Banco Nación a las que ningún armador tiene acceso, es un monumento a la irregularidad, a la corrupción que Macri dice combatir, a la transparencia que, dice, es la brújula que guía su mandato.

El nuevo barco congelador no cumple con la reformulación aprobada a fines de diciembre del 2015, en una de las actas más vergonzosas del Consejo Federal Pesquero y sin embargo Juan Manuel Bosch, ladero en la conferencia de Etchevere, lo habilitó junto al Consejo Federal Pesquero, que integra también Oscar Fortunato, mandatario de los intereses de “Pototo”.

El tangonero tampoco cumple con las resoluciones 1113/88, 153/2002 y 7/2008 que regulan el tipo de flota que puede acceder a la pesquería de langostino y fija límites de eslora y potencia del motor. Pero no importa, el buque opera sin ninguna restricción.

Si la flota fresquera de altura llegara a quedar parada este jueves cuando venza la conciliación obligatoria a partir de una demanda desmesurada de un grupo de dirigentes del SICONARA Rawson, avaladas por Armando Alessi que solo busca revalidar mandato en las elecciones de noviembre, el “José Américo” no tendrá problemas en seguir pescando langostino al operar desde Mar del Plata, lejos del foco de conflicto patagónico. Sería toda una paradoja.

El buque de “Pototo” mide 47 metros de eslora máxima total, no 39,90 metros como señalaba el proyecto; tiene 2 mil HP, como mínimo, no los 1480 HP autorizados y la asignación de 2600 toneladas de especies no cuotificadas luce irregularidades que ni Gerpe ni Bosch cuestionaron cuando llegaron a “cambiar todo lo que estaba mal hecho”.

No solo no cambiaron nada sino que acentuaron el zafarrancho y hoy la industria asiste perpleja a un manejo elástico de la legislación. El nuevo plan de ordenamiento de la pesquería de langostino se pergeñó con el solo objetivo de abrirle la puerta al tangonero de Moscuzza a las aguas de jurisdicción nacional. La mafia de la que habla Macri está sentada a su mesa.