España, China, Uruguay. Cada país elige estrategias y metodologías diversas a la hora de avasallar nuestra soberanía y servirse de nuestros recursos pesqueros.
Que son comunes en el caso con los hermanos charrúas en la zona común de pesca del Río de la Plata, y propios dentro de la ZEE donde una flota de buques extranjeros, asiáticos y españolas, penetran con una asiduidad tan indeseable como impune.
El acuerdo divulgado esta semana entre cámaras armadoras españolas y la Asociación para la Protección de los Recursos Pesqueros del Atlántico Sur (OPRAS) deja en claro la manera que España se mete en lugares donde nada tendrían que hacer. Salvo pedir disculpas, pero lejos están de eso. Peor… se creen con derechos a fijar políticas y hablar de sustentabilidad.
El objetivo supuesto entre las partes fue “potenciar una gestión sostenible y proteger los recursos marinos de las aguas internacionales de la zona FAO 41, la cual consideraron que está sometida a una enorme presión pesquera y concentra una gran actividad ilegal por parte de flotas asiáticas, donde no existe ningún tipo de regulación ni Organización Regional de Pesca que la gestione”, informaron a la prensa. La famosa gobernanza puesta en palabras.
En la zona aledaña operan, según las propias cámaras españolas, entre 22 y 26 buques desde hace 37 años. En febrero del 2018 uno de esos barcos, el Playa Pesmar Uno, fue capturado dentro de nuestra ZEE con más de 300 toneladas de merluza. No fue la primera vez. Ya lo habían capturado en el 2015 y barcos de esa flota han registrado otros incidentes de pesca ilegal.
Pero quiénes integran mayoritariamente la entidad sin fines de lucro OPRAS. Son empresas españolas con permisos de pesca nacionales como “Argenova”, “Arbumasa”, “San Arawa”, “Iberconsa”, “Estremar”, “Pesquera del Este”, “Profand” y, “Buenavista”. España suscribiendo acuerdos con empresas españolas del otro lado del Atlántico, sobre recursos que no le son propios.
Lejos de eso… los que nos proponen cuidar el recurso son los mismos que lo roban. Sería impensado que inviten a Argentina a deliberar sobre el manejo de lo que queda de sus recursos pesqueros a más de 10 mil kilómetros de distancia. Pero ellos se atribuyen derechos para decirnos a nosotros cómo tenemos que protegerlos.
“Es muy difícil para la industria pesquera de los países de la región poder competir en los mismos mercados con al española ya que ésta es subsidiada por su Estado, emplea mano de obra precarizada y no responde a ningún tipo de control sobre sus impactos en las especies o el medio ambiente marino”, subrayó Milko Zshvartzman, especialista en conservación.
En agosto del 2018 Milko escribió un artículo luego de otro acuerdo pesquero, más formal e igual de repudiable, entre Argentina y España en el marco del G-20 que se organizó en Buenos Aires.”Si tiene un parche en el ojo y un loro en el hombro, es un pirata”, tituló el especialista en ese informe.
Walter Castro es el secretario General del SANAM, el sindicato de la Actividad Naval de Mar del Plata y una de las pocas voces que de este lado del océano se alzan contra el avance español y el silencio de los funcionarios y actores pesqueros argentinos.
“Creemos firmemente que alguien ya debe salir a aclarar estas cuestiones”, pidió el dirigente en un documento difundido en las últimas horas en que se explaya sobre la “integración e importación y exterminio de la industria naval”.
“Los que creemos en un gobierno del campo popular, nos estamos quedando sin argumentos, parece que están jugando al poker y nosotros estamos con cartas españolas”, ironizó Castro, quien ve venir un aluvión de buques importados usados que harán añicos el reverdecer de la industria naval local.
Según un informe de la Comisión Europea, en el 2019 la gallega fue la menos rentable de las flotas europeas. Ese mismo documento revela que desde 2010 desde Galicia se exportaron a distintos caladeros unidades operativas por más de 23 mil toneladas de arqueo bruto, algo así como el 20% de la capacidad actual de todos los pesqueros de la comunidad.
Y ya sabemos la historia… cada vez que no son rentables sus buques usados terminan amarrando en muelles argentinos como ocurrió en los años noventa.
“Creemos seriamente que modificar la postal de puertos como Castletown, Killybegs o Milford Haven no es para nada equiparable con el daño para la industria naval de los países que reciben esas exportaciones de bodegas”, sostuvo el dirigente sindical.
Argentina ya recibió parte de esa flota que salió de España: En estos años ingresaron al caladero buques como el “Minchos Octavo” (421 toneladas); “Bogavante Segundo” (414 toneladas) y “Api VII” (1638 toneladas). Todos en manos de empresas españolas en Argentina. Entre los tres suman una antigüedad promedio de 22 años.
De acuerdo al reciente informe de coyuntura que desgranó las capturas de langostino y merluza por buque, Castro calculó en más de 300 millones de dólares las ventas que generó Iberconsa, en manos del fondo de inversión estadounidense, Platinium Equity, por la comercialización de los dos principales recursos en el 2019.
Iberconsa anunció semanas atrás la construcción de 3 nuevos barcos tangoneros en los que invertirá 27 millones de euros. Ninguno se hará en Argentina con mano de obra de obreros navales nacionales. Los tres se construirán en Vigo. El fruto de la pesca en el país promueve trabajo en el extranjero. Fenomenal. No es otra cosa que la exportación de la cola en bloque de langostino a terceros países. Lo que cambia es la escala.
“Ya estamos muy lejos de preocuparnos por la salud del caladero, cuando a nadie parece importarle la salud, la dignidad, ni el futuro de millones de trabajadores a lo largo de más de tres generaciones, que se han visto obligados a la migración forzosa, a la reconversión vergonzosa o la desaparición silenciosa”, dice Castro en el epílogo del documento.
En las últimas horas se conocieron detalles de la multa que pagó el Lu Rong Yuan Yu 668 para ser liberado por la justicia federal de Rawson. Fueron 35 millones de pesos por todo concepto: infracción a la Ley Federal de Pesca y costos del operativo de Prefectura que primero lo detuvo y luego lo liberó.
Pagó 20 millones de multa porque reconoció que permaneció dos días dentro de la ZEE. Y aunque se allanó y le cabían descuentos, pagó el máximo. Monedas para una flota que saquea miles de toneladas por temporada.
Luego de transferir la carga y sacar la tripulación a la que someten a trabajo esclavo, el arrastrero chino se entregó a las autoridades argentinas con 30 toneladas de calamar en bodega y una dotación mínima de seguridad de 10 tripulantes.
En las últimas horas el embajador chino en Argentina, Zou Xiaoli, mantuvo un encuentro virtual con el ministro de Agricultura, Luis Basterra. Sin ponerse colorado, el diplomático aseguró que tendrán “tolerancia cero” frente a los casos de pesca ilegal que involucre a buques chinos.
Xiaoli pertenece a un gobierno que no solo no desalienta la pesca ilegal sino que es socia. Las empresas Rongcheng Homey Ocean Fishing, Hongshun Aquatic Company y Rongyuan Fishery Co Lda, dueñas de los poteros Lu Rong Yuan Yu, tienen participación estatal.
La entrega de calamar, merluza y abadejo al borde de la milla 200 no son los únicos que entregamos mansamente. Aca nomás, mucho más, en la Bahía de Samborombón ocurre un fenómeno parecido. La inacción de un Estado que no tiene a la pesca, mucho menos a la industria naval, como actividades esenciales para el desarrollo.
La Bahía forma parte de la zona común de pesca con Uruguay, un área administrada por la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo, con participación de ambas cancillerías y representantes de política pesquera y científicos de ambos países.
Acá no hay robo sino medidas unilaterales que afectan a los pescadores de este lado de la orilla. Mientras la flota costera y de rada/ría que opera principalmente desde Mar del Plata aguarda que Matías Nicolosi y Bernardo González, las nuevas autoridades de pesca provincia, definan los barcos que participarán de la prospección, el satélite marca la presencia de una veintena de buques uruguayos sirviéndose corvina rubia desde hace dos semanas.
Nicolosi viene del Registro Nacional de Buques y la mudanza a La Plata no termina de convencerlo. González estaba contratado y en los últimos años tuvo como tarea actualizar las multas por infracciones dentro de las 12 millas. Tercera linea del equipo que encabezó Miguel Dobarro en el área.
La corvina es un recurso común pero siempre comienzan a pescarla los vecinos charrúas sin respetar ciclos biológicos ni vedas comunes. Acá nadie reclama. Es un símbolo de la apatía por defender los recursos naturales.
Quizás no represente un gran poder de pesca el uruguayo y el mayor esfuerzo brote de este lado con todos los gomones que operan al norte de Villa Gesell. Pero si no hay planteos por el apoyo que Montevideo le brinda a la flota pirata extranjera desde su puerto, mucho menos se alzará la voz por las corvinas.
Mientras tanto seguimos regalando riqueza ictícola y trabajo argentino a los extranjeros.
