Pedro Gordillo llegó presuroso al Hotel Rayentray. En los salones con vistas a la laguna azul que dibuja el Golfo Nuevo, los actores pesqueros y de la industria naval mantenían reuniones informales para aunar criterios en la previa del encuentro con el presidente Mauricio Macri.
“Acá Juan les manda esto…dice que traten de respetar el orden”, pidió el CEO de Ardapez. Los papeles traducían el deseo del Subsecretario. Bosch había planificado los ejes temáticos y el encargado de ponerlo en palabras. Delante del Presidente no quería que nada se saliera de control y evitaba para los puntos ríspidos una voz disonante.
El plan arrancó con el pie izquierdo luego que el Secretario de Industria anunciara el programa de financiamiento de 500 millones de pesos para apalancar el recambio de la flota pesquera, a razón de 60 millones por solicitantes (1,5 millones de dólares) con una tasa subsidiada en los primeros dos años.
Antes de buscar las sensaciones de un auditorio colmado, Bosch mostró el borrador del DNU que le daba sentido al plan de asistencia financiera anunciado por Grasso. El decreto promueve la renovación de los buques pesqueros. Para ese entonces el archivo se compartía por whatsapp a una velocidad mayor a la que ingresó el José Américo a aguas nacionales. Bueno, no tanto.
Bosch tenía para elegir entre un abanico de dirigentes del sector naval que habían llegado hasta Madryn para defender la iniciativa. El presidente de la FINA, Enrique Godoy, o Domingo Contessi, director del astillero que el mismísimo Macri había visitado el año pasado; incluso Miguel Sánchez, de ABIN.
Cualquiera habría valorado la iniciativa como una señal para comenzar a cambiar una flota que en los últimos 18 años se llevó la vida de más de 80 trabajadores, que tiene una antigüedad promedio de más de 35 años y que la mitad tiene más de 40.
Pero en el guion de Bosch había otro nombre que sorprendió a más de uno: Antonio Solimeno. “Tony” no parece un buen ejemplo para defender un proceso de recambio de flota. No hay dudas que es uno de los principales empresarios pesqueros del país, pero los últimos buques que construyó datan de más de 30 años. El San Antonino III y unos años antes, el Letare.
Antes que nuevo, Tony prefiere comprar usado y ajustarlo en muelle o dique seco a sus gustos y necesidades. Compró los barcos de Griffin y ahora acaba de renovar a nuevo el factoría “Ponte de Rante” donde invirtió 8 millones de dólares. Los beneficios de pescar merluza y declarar Nototenia asoman muy jugosos.
Mientras aguardamos la sanción de la autoridad de aplicación por aquel desliz millonario que quedó al descubierto hace exactamente un año, hay que decir que Solimeno no decepcionó.
Micrófono en mano, Solimeno se mostró escéptico al proceso de renovación y pidió más precisiones sobre el borrador del Decreto que establece incentivos en el régimen e asignación de cuota y ampliación del esfuerzo pesquero para aquellos que decidan construir sus buques en gradas nacionales. Justamente lo que parece molestarle a los socios de CEPA, que construyen sus barcos nuevos en gradas españolas.
Desde otros ángulos de la mesa reclamaron también mayores detalles del DNU por lo que el Presidente decidió que mantenga el carácter de borrador y que se siga discutiendo en reuniones sectoriales, al menos por los próximos dos meses.
“Pototo” dibujó una mueca de satisfacción que no pudo mantener cuando el ministro Bergman defendió la incorporación de las nuevas áreas marinas protegidas. Igual Macri anticipó un freno al Programa, que llevó alivio al sector: la próxima área a anexar es una zona frente a Península de Valdez.
Bosch retomó el hilo del guion sin grandes sobresaltos. Ledesma reiteró la crítica situación que atraviesan los obreros del pescado en Mar del Plata pero su planteo no despertó la menor empatía oficial. Lo de Trueba rozó el ridículo queriendo que Macri le firme un recibido por la nota que dejó de los familiares del Rigel.
No hubo espacio para discutir políticas pesqueras porque no figuraba en la hoja de ruta de la reunión. El Subsecretario sabe las gritas que asoman en la industria y no quiso hacerlas visibles delante de Macri.
Tampoco hubo señales para una mejora en la competitividad de los productos elaborados en tierra, ni incentivos para sumarle valor a la cola de langostino que se exporta en bloque.
La propuesta fue planteada por Federico Angelleri, quien expuso la necesidad de un reintegro para el pelado y desvenado en tierra para compensar el alto costo que tiene en comparación con el producto final que llega de terceros países a donde llega la cola en bloque. El año pasado Argentina solo exportó unas 3 mil toneladas de producto con valor agregado.
Macri recogió el guante y reconoció que sin las reformas laborales que concluyan en convenios colectivos que alienten la productividad, sin chances de mejorar reintegros por la delicada situación fiscal, no hay muchas herramientas para quitarle incentivos a la exportación de cola en bloque.
La reunión fue languideciendo sin grandes sobresaltos. Solo Jorge Frías se salió de libreto. El mandamás de Capitanes interceptó el micrófono que tenía como destino al interventor del INIDEP para referirse a su propio libro. Fue el papelón final de un encuentro sin espacio para resolver los problemas de fondo que afectan al sector.
